La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados por un presunto delito de falsedad en documento oficial por el que se enfrenta a una petición de tres años y tres meses de prisión. La Fiscalía acusa a la exdirigente del PP de ser la inductora de la falsificación del acta de la Universidad Rey Juan Carlos que acreditaba que había acabado y defendido su máster de Derecho Autonómico, lo que «jamás se produjo».

La defensa de la expresidenta regional, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio contra la exdirigente popular un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2018, cargo previo a ostentar el mandado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Cifuentes, según el relato de hechos, obtuvo dicho posgrado en unas condiciones ventajosas entre 2011 y 2012, cuando era delegada del Gobierno en Madrid. «A mí me dijeron que por ser política no tendría que ir a clase, que con hacer las tareas en casa era suficiente», ha explicado Cristina al juez que instruye el caso.

«Me ha hecho mucho daño política y personalmente este tema. Para una vez que robo unas cremas me llaman la ‘Robacremas’, a esto no hay derecho», sentenció Cristina Cifuentes en su alegato de defensa justo antes de firmar su declaración con un bolígrafo ‘Montblanc’ propiedad del fiscal que intuitivamente se guardo la expresidenta de la Comunidad de Madrid en su bolso.